El Gobierno nacional dio de baja más de 80.000 pensiones por discapacidad laboral: los motivos

En las últimas semanas, Gobierno nacional de Javier Milei suspendió o dio de baja más de 80.000 Pensiones por Discapacidad Laboral, en el marco de una auditoría general impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), lo que representa un ahorro mensual superior a los $23.000 millones, según confirmaron fuentes oficiales.

El operativo de revisión de las pensiones por discapacidad laboral, que comenzó en febrero por orden del titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, ya alcanzó a un millón de beneficiarios, y avanza con revisiones médicas y cruces de información para verificar el cumplimiento de los requisitos legales.

Según informaron desde el Gobierno, del total de bajas registradas hasta el momento, 65.230 corresponden a suspensiones por inasistencia a controles o por inconsistencias en la documentación. A eso, se suman 8.207 renuncias voluntarias de beneficiarios que decidieron abandonar el plan ante la posibilidad de un juicio por cobro indebido, y 6.643 casos de personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la asignación.

En tanto, las autoridades de la ANDIS afirman que este procedimiento busca “redirigir los recursos del Estado hacia quienes realmente lo necesitan” y “poner fin a décadas de subsidios otorgados sin evaluación médica”, mientras que en el Gobierno estiman que el número final de bajas podría superar los 250.000 casos, ya que hasta ahora el 60% de los beneficiarios no se presentó a la auditoría médica obligatoria.

El operativo se formaliza a través de una carta documento enviada al domicilio del beneficiario, donde se le notifica la fecha y lugar para la revisión. Si no se presenta, se emite una segunda intimación. Luego, al acercarse al banco a cobrar, el beneficiario es informado de la suspensión, y si no responde, se inicia el trámite de baja definitiva. Las auditorías están a cargo de médicos del PAMI y personal técnico de la ANDIS, que revisan el Certificado Único de Discapacidad, informes médicos y documentos de identidad.

El marco legal para esta auditoría fue reforzado con el Decreto 842/2024, publicado en abril, que impone nuevos criterios de compatibilidad, obliga a la reinscripción con declaración jurada y otorga mayores facultades a la ANDIS para cruzar información con ANSES, PAMI, AFIP y el Ministerio de Justicia. También se creó un Cuerpo Médico Evaluador con competencia exclusiva para determinar la validez de los diagnósticos presentados.

Según Spagnuolo, durante las gestiones kirchneristas se otorgaron “pensiones discrecionales” sin un análisis técnico riguroso, mientras que entre 2003 y 2015 el número de beneficiarios pasó de 80.000 a 1.050.000, y entre 2019 y 2023 volvió a subir a 1.250.000. “Estamos revirtiendo un sistema que fue manipulado políticamente durante años”, sostuvo el titular de la ANDIS, quien además fue abogado personal del presidente Milei.

Por caso, desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, indicaron que las “irregularidades más graves incluyeron certificados médicos falsificados, uso de la misma radiografía para múltiples trámites, diagnósticos absurdos como pie plano, y hasta una mujer que se hizo pasar por su esposo para cobrar el beneficio”.