Diputados de La Libertad Avanza impulsan un proyecto en la Provincia para que las multas impagas no impidan renovar la licencia de conducir

Un grupo de diputados bonaerenses de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley para modificar la normativa vigente y evitar que las multas de tránsito impagas impidan a los conductores tramitar, renovar o solicitar un duplicado de la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa, elaborada por el diputado provincial Juanes Osaba, plantea reformar el artículo 8° de la Ley Provincial de Tránsito N° 13.927 para eliminar la exigencia del certificado de libre deuda como condición para acceder al trámite del registro de conducir.

Según el proyecto, ninguna autoridad provincial o municipal podrá exigir la acreditación de multas, tasas o tributos impagos para iniciar o completar el trámite de otorgamiento o renovación de la licencia. En cambio, las deudas deberán ser reclamadas por el Estado a través de los mecanismos administrativos y judiciales previstos por la legislación vigente.

Al fundamentar la propuesta, Osaba sostuvo que “el registro de conducir es para manejar, no para recaudar” y cuestionó que muchos municipios utilicen la renovación de la licencia como un mecanismo de presión para cobrar infracciones de tránsito.

El legislador afirmó que actualmente numerosos bonaerenses llegan a renovar el carnet y descubren que el trámite quedó condicionado al pago de multas, una situación que, a su entender, “no mejora la seguridad vial, sino que convierte la licencia en una herramienta de recaudación”.

Qué cambia

El proyecto establece que las actas de infracción en trámite o las multas impagas que aún no cuenten con una sentencia firme y ejecutoriada no podrán impedir la emisión o renovación del registro. En esos casos, el organismo competente solo podrá informar al conductor sobre la existencia de esas actuaciones, sin que ello afecte la continuidad del trámite.

La propuesta aclara que el Estado conservará todas las facultades para reclamar el pago de las multas mediante los procedimientos legales correspondientes, por lo que no implica una condonación de las deudas ni elimina las sanciones económicas.

Asimismo, el texto diferencia las obligaciones económicas de las sanciones que afectan directamente la aptitud para conducir. Por ese motivo, las inhabilitaciones o prohibiciones firmes para manejar continuarán plenamente vigentes y no se verán modificadas por la eventual aprobación de la iniciativa.

El proyecto deberá ahora comenzar su tratamiento en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, donde buscará el respaldo necesario para avanzar en el proceso legislativo.