La polémica en torno al patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este jueves un nuevo capítulo luego de que el PRO cuestionara duramente la presentación de una declaración jurada rectificativa ante la Oficina Anticorrupción, en la que el funcionario incorporó activos que no habían sido informados en documentos anteriores.
Desde el partido que lidera Mauricio Macri calificaron la situación como “una falta grave” y remarcaron que un funcionario público no puede sostener durante semanas que no ocultó información para luego admitir errores y presentar una nueva reconstrucción patrimonial. “Eso no tiene ninguna justificación posible”, señalaron desde la fuerza opositora.
La reacción llegó pocas horas después de que Adorni presentara una reconstrucción integral de la evolución económica familiar. En la documentación incorporó aproximadamente 513.000 dólares vinculados a inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, además de ingresos provenientes de herencias y cambios en la composición de bienes compartidos con su esposa, Bettina Angeletti.
En un comunicado, el PRO sostuvo que los funcionarios tienen la obligación de actuar con total transparencia y advirtió sobre el impacto político de este tipo de situaciones. “En un momento en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura”, expresaron.
Además, el espacio opositor alertó que “no podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública”, reclamando mayor claridad en la gestión y en la rendición de cuentas.
La crítica más contundente llegó de parte del exministro y actual legislador Esteban Bullrich, quien utilizó sus redes sociales para referirse al caso con una escueta pero contundente definición: “Es un corrupto. Fin”.
Los cambios en la declaración jurada
Las rectificaciones introducidas por Adorni modifican de manera significativa el patrimonio que había declarado hasta el momento. Según la reconstrucción presentada, el capital inicial invertido en criptomonedas rondó los 200.000 dólares y, tras operaciones de compra y venta realizadas a través de ocho billeteras virtuales, se habría transformado en los 513.000 dólares que ahora figuran en la documentación oficial.
Desde la Jefatura de Gabinete sostienen que esos movimientos pueden verificarse mediante las claves de acceso asociadas a cada una de las billeteras utilizadas.
A ello se suman ingresos provenientes de herencias familiares. Tras el fallecimiento de su padre en 2022, Adorni habría recibido alrededor de 79.000 dólares producto de la venta de una propiedad en La Plata y de un lote ubicado en el partido bonaerense de Daireaux.
Las modificaciones también alcanzan operaciones inmobiliarias realizadas durante 2025. Entre ellas figura una vivienda en el country Indio Cuá, que inicialmente estaba declarada únicamente a nombre de su esposa y que ahora aparece con una participación del 50% para cada integrante del matrimonio.
Asimismo, se incorporó un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, adquirido mediante un acuerdo financiero con un amigo personal del funcionario, según se detalló en la documentación presentada.
La explicación oficial
Desde el entorno de Adorni reconocieron que las declaraciones juradas originales contenían errores y atribuyeron la situación a problemas de confección de la documentación.
“Hubo desprolijidad”, admitieron fuentes cercanas al jefe de Gabinete. Según explicaron, la denuncia pública obligó a realizar una reconstrucción completa de la historia patrimonial familiar para demostrar que los fondos utilizados en distintas operaciones inmobiliarias no provenían de actividades ilícitas.
La posición oficial sostiene que todo el patrimonio declarado por Adorni y su esposa fue generado antes de su ingreso a la función pública y que no existen inconsistencias de origen en los bienes incorporados.
La presentación ante la Oficina Anticorrupción se concretó apenas un día después de que el funcionario adhiriera al Régimen Simplificado de Ganancias previsto en la Ley 27.799 y más de un mes después de que el presidente Javier Milei anticipara públicamente que la documentación sería presentada.
Mientras tanto, desde el PRO insistieron en que la transparencia debe ser una condición ineludible para quienes integran el Gobierno nacional y concluyeron con una advertencia dirigida a la administración libertaria: “La actitud más responsable es cuidar el cambio actuando con la transparencia que la sociedad exige”.






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