El Concejo Deliberante sancionó el régimen de “Ficha Limpia”: a quienes alcanza, en qué consiste y como se aplica

El Concejo Deliberante sancionó este martes un proyecto de ordenanza impulsado por la concejal Miriam Larrocea, que establece un régimen de “Ficha Limpia” para el acceso y permanencia en cargos políticos y de representación pública dentro del ámbito municipal.

La sanción del régimen de Ficha Limpia pretende establecer un filtro para el acceso y la permanencia en determinados cargos políticos y de representación pública dentro del ámbito municipal.

La ordenanza establece que quienes tengan condenas firmes por delitos vinculados con la corrupción, el manejo de fondos públicos, el enriquecimiento ilícito, el fraude contra la Administración Pública, el tráfico de influencias, entre otros delitos graves, no podrán acceder a esos cargos mientras permanezca vigente la situación que genera el impedimento.

También incorpora cuestiones que, quizás, hablan de algo todavía más básico: no poder ocupar determinados cargos quienes sean deudores alimentarios morosos o mantengan deudas tributarias con el propio Municipio.

Durante la sesión, Larrocea explicó que la iniciativa fue trabajada durante las últimas semanas en comisión y que logró consensos en prácticamente todos sus puntos. Según sostuvo, el objetivo central es fortalecer la confianza de los vecinos en las instituciones y en quienes ejercen funciones públicas.

La concejal Larrocea -impulsora del proyecto- reconoció que existe un creciente descreimiento de la ciudadanía hacia la política y sus representantes. “Todos hemos escuchado frases como ‘todos los políticos son iguales’, ‘todos los políticos roban’ o ‘todos los políticos son corruptos’”, señaló.

Para Larrocea, esa pérdida de confianza se refleja también en los niveles de participación ciudadana, tanto en las elecciones como en la incorporación de vecinos a los partidos políticos o en la decisión de ocupar cargos públicos.

“¿Cómo se recupera la confianza con la ciudadanía? No es algo que se vaya a recuperar mágicamente, de un día para el otro. Quizás sea un camino que tengamos que pensar y trabajar entre todos los que tenemos el deseo de que esto se revierta”, sostuvo.

Transparencia y acceso a la función pública

Larrocea planteó que la recuperación de la confianza debe construirse a partir de hechos concretos y mayores niveles de transparencia en el Estado. En ese sentido, sostuvo que la nueva ordenanza representa un primer paso desde el ámbito municipal.

“Cuanto más transparencia le traemos a la función pública, más vamos a recuperar estos espacios y también más vamos a construir y fomentar el deseo de la participación política”, afirmó.

La concejal aclaró que la iniciativa no crea delitos ni establece sanciones penales, sino que fija condiciones para el acceso y la permanencia en determinados cargos dentro del ámbito municipal.

“Nosotros no venimos a reemplazar a la Justicia. Solamente vamos a establecer condiciones para el acceso a los cargos públicos o a la permanencia, si fuera necesario, en este régimen municipal de Ficha Limpia”, explicó.

A quiénes alcanza la ordenanza

El régimen comprende a funcionarios políticos del ámbito de la Municipalidad de Rauch y del Ente Descentralizado Hospital Municipal.

Entre otros, quedan alcanzados auxiliares del intendente, secretarios, subsecretarios y directores, delegados municipales, funcionarios políticos designados por el Departamento Ejecutivo y funcionarios políticos designados por el Concejo Deliberante.

Larrocea señaló que el intendente y los concejales ya cuentan con determinadas previsiones establecidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades, aunque adelantó que existe un compromiso dentro del Concejo para trabajar posteriormente en una normativa que también contemple mayores exigencias para quienes ocupen bancas legislativas.

Los impedimentos previstos

La ordenanza establece que no podrán acceder ni permanecer en los cargos alcanzados quienes posean condena firme por determinados delitos.

Entre ellos se encuentran delitos contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos y el orden constitucional; cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; enriquecimiento ilícito; encubrimiento; fraude en perjuicio de la Administración Pública y delitos contra el orden económico y financiero.

También contempla delitos vinculados con femicidio, violencia de género y abuso sexual, además de otros delitos que puedan incorporarse al Código Penal o a leyes especiales en cumplimiento de convenciones internacionales contra la corrupción.

A esto se suma la imposibilidad de ejercer los cargos comprendidos para quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Buenos Aires o mantengan deudas por tributos municipales con la Municipalidad de Rauch.

Los impedimentos no son permanentes

Uno de los puntos destacados por Larrocea es que las restricciones previstas por la ordenanza no tendrán carácter permanente.

El impedimento se mantendrá mientras permanezca vigente la situación jurídica que le dio origen y podrá cesar, entre otros supuestos, cuando una condena sea revisada, anulada o dejada sin efecto mediante una resolución firme; cuando se haya cumplido la condena penal y haya caducado la pena conforme a los plazos establecidos por el Código Penal; cuando la persona sea excluida del Registro de Deudores Alimentarios Morosos o cuando regularice su deuda tributaria con el Municipio.

El cese del impedimento deberá acreditarse mediante la correspondiente resolución judicial firme o documentación suficiente que permita verificar que finalizó la situación que originó la restricción.

Certificados antes de cada designación

La ordenanza también establece requisitos previos para las designaciones. Antes de asumir un cargo comprendido en el régimen, la persona deberá presentar certificado de antecedentes penales vigente, además del certificado correspondiente que acredite su situación respecto del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y la situación de sus obligaciones tributarias municipales.

Durante su exposición, Larrocea destacó que la propuesta cuenta con antecedentes en otras provincias y municipios del país y de la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa fue presentada como una herramienta destinada a elevar los estándares de transparencia en la función pública municipal y, fundamentalmente, a intentar recomponer el vínculo entre las instituciones y una ciudadanía que, según reconoció la propia concejal, manifiesta cada vez mayores niveles de descreimiento hacia la política.