La comunicación, el punto débil del Gobierno Municipal

Hay errores que un gobierno puede cometer una vez. Cuando se repiten en el tiempo, dejan de ser errores para convertirse en una forma de gestionar.

La reciente polémica generada por la contratación de Equifax Argentina para avanzar en el recupero de deudas tributarias volvió a poner sobre la mesa una vieja debilidad del Gobierno municipal: su incapacidad para comunicar con anticipación decisiones que impactan directamente en los vecinos.

El debate nunca estuvo centrado en si el Municipio tiene o no derecho a reclamar las tasas adeudadas. Lo tiene. Es una facultad legítima del Estado exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias para sostener los servicios públicos. La discusión, una vez más, pasó por otro lado: por la ausencia de información previa, por la falta de explicaciones oportunas y por una estrategia comunicacional que continúa mostrando serias deficiencias.

Lo llamativo es que esta situación no resulta novedosa. A lo largo de los últimos años se acumularon episodios donde las decisiones del Ejecutivo llegaron primero como sorpresa y recién después aparecieron las aclaraciones oficiales.

La designación de funcionarios a planta permanente con las categorías mayores o el aumento salarial a directores y secretarios “bajo cuerda” fue uno de los primeros errores de la gestión, que salidos a luz, generó múltiples críticas a la administración municipal.  

Ocurrió no hace mucho con el veto que modificó el esquema de actualización de las tasas municipales a comienzos de 2025. También sucedió recientemente con la inscripción para los Juegos Bonaerenses, cuando la incertidumbre sobre la apertura del sistema provincial derivó en mensajes confusos y numerosas consultas de profesores, instituciones y participantes que no encontraban respuestas claras.

Ahora volvió a repetirse el mismo esquema. Las primeras notificaciones enviadas por Equifax comenzaron a circular entre los contribuyentes antes de que existiera una explicación pública sobre el funcionamiento del convenio, sus alcances y los pasos que debían seguir quienes recibieran esas intimaciones. El resultado fue previsible: preocupación, especulaciones, versiones cruzadas, malestar y un innecesario desgaste político para la propia gestión.

Lo más significativo es que, según pudo saber La Nueva Verdad de Rauch a través de un integrante del propio Gobierno municipal, la intención era comunicar oficialmente la implementación del sistema durante el mes de junio. Sin embargo, por distintas circunstancias, la presentación nunca se realizó. El tema quedó postergado, nadie retomó esa agenda y el anuncio terminó llegando de la peor manera: cuando las notificaciones ya estaban en manos de los vecinos.

Ese dato revela un problema más profundo que un simple olvido administrativo. Expone la ausencia de una política de comunicación integrada, donde las distintas áreas coordinen los tiempos políticos con los tiempos administrativos. Porque gobernar también implica anticiparse a las reacciones sociales.

Puertas adentro, la situación no pasó inadvertida. Distintas fuentes reconocen que el episodio generó incomodidad entre funcionarios, donde comenzaron los inevitables pases de factura sobre quién debía haber impulsado la comunicación institucional y quién dejó pasar una instancia que hubiera evitado gran parte de la controversia. Cuando una decisión correcta termina generando un conflicto político, generalmente el problema no está en la medida, sino en cómo fue comunicada.

La comunicación nunca fue el punto más fuerte de esta administración. Lo preocupante es que, después de tantos años de gestión, esa falencia siga apareciendo con la misma frecuencia. La experiencia debería haber servido para corregir procedimientos, profesionalizar la comunicación pública y comprender que informar no es un complemento de la gestión: es parte de la gestión.

En política, muchas crisis no nacen por las decisiones que se toman, sino por la forma en que esas decisiones llegan a la sociedad. Explicar antes de ejecutar evita interpretaciones erróneas, reduce la incertidumbre y fortalece la confianza entre el Estado y los ciudadanos.

El Gobierno municipal todavía está a tiempo de corregir ese rumbo. Pero para hacerlo deberá asumir que la comunicación no puede seguir siendo una tarea secundaria ni una reacción frente a los cuestionamientos. Debe convertirse en una herramienta estratégica.

Porque cuando el silencio ocupa el lugar de la información, siempre habrá espacio para la desconfianza. Y esa, quizás, sea la deuda más difícil de cobrar.