A 50 años del golpe, la Iglesia ratificó el “nunca más a la dictadura” y advirtió: “Vivimos una tendencia creciente al autoritarismo”

La Conferencia Episcopal Argentina eligió una fórmula de fuerte contenido simbólico y densidad institucional para pronunciarse a 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976: “Nunca más” a la violencia de la dictadura y “siempre más” a una democracia justa.

No se trata solo de una consigna, sino de un encuadre político deliberado. El documento evita el señalamiento directo al gobierno de Javier Milei, pero despliega una crítica transversal al clima general de la política argentina, con énfasis en la degradación del debate público, la exclusión social y el deterioro de la convivencia democrática.

A 50 años del golpe de Estado, la Iglesia Católica argentina expresó su preocupación por el avance del autoritarismo, la polarización política y el deterioro del debate democrático, según un comunicado difundido por la Comisión Permanente del Episcopado. El mensaje alerta sobre la tendencia a la exclusión social y la fragilidad del tejido comunitario, sin confrontar abiertamente con el Gobierno nacional, pero enfatizando la necesidad de reconstruir la fraternidad como eje para el futuro.

“Vivimos una época con una tendencia creciente al autoritarismo; un tiempo en que los populismos de distinto signo explotan la angustia de los ciudadanos, pero no representan el remedio de una vida buena. Un tiempo en que va predominando una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil, cuando la fortaleza de la democracia debería manifestarse en el cuidado a los más frágiles”. Esta definición, incluida en el documento, condensa el diagnóstico más contundente de la Iglesia sobre el presente político argentino.

El mensaje, firmado por la Comisión Permanente del Episcopado, se presenta como una intervención pública en un momento de alta sensibilidad política y simbólica. El aniversario número 50 del inicio del último régimen militar encuentra a la Argentina atravesada por una discusión abierta sobre la memoria histórica. Desde el Gobierno nacional, esa discusión incorpora —como parte de su narrativa— el accionar de las organizaciones armadas que precedieron al golpe, una lectura que complejiza el consenso construido en las décadas posteriores a la recuperación democrática. En ese contexto, la Iglesia adopta un posicionamiento institucional que no entra en la disputa directa, pero fija coordenadas normativas sobre cómo debe pensarse el pasado y, especialmente, cómo debe transitarse el presente.

El texto inicia con una definición categórica sobre el período 1976–1983, al describirlo como “una oscura noche” atravesada por el terrorismo de Estado. Afirma: “Hoy decimos de manera rotunda: «nunca más» a la violencia de la dictadura y «siempre más» a una democracia justa”. No hay ambigüedad en la condena. Además, reconoce “la gravedad de lo acontecido en esos años violentos” y sostiene que “la memoria exige una autocrítica, de la sociedad y la Iglesia presente en ella”. Inmediatamente, introduce un segundo plano de análisis: la necesidad de reconstruir la fraternidad social como condición para proyectar un futuro común.