A dos días de haberse interrumpido el servicio de Transporte Escolar, la Provincia anunció un refuerzo en la inversión

La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires informó que avanza con medidas concretas para resolver las dificultades registradas en algunos distritos con el servicio de transporte escolar terrestre. El objetivo es garantizar la continuidad del servicio y asegurar que las y los estudiantes puedan asistir a las escuelas. El anuncio se oficializó este miércoles en medio de los reclamos surgidos en Rauch por la suspensión del servicio este martes.

Durante el último mes, la Provincia destinó una inversión total de $998.919.598 para cubrir los gastos del transporte escolar y saldar diferencias correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril del ciclo lectivo 2025. Además, a partir del 1 de julio, se aplicará un incremento del 10,3% en los montos asignados al servicio, como parte del compromiso sostenido con el derecho a la educación.

Los fondos fueron distribuidos en el marco del Programa de Descentralización de la Gestión Administrativa, una política pública que busca fortalecer la capacidad de respuesta en los distritos, promoviendo una gestión más cercana, eficiente y adaptada a las necesidades locales. En este esquema, los Consejos Escolares reciben los recursos directamente, y tienen la responsabilidad de administrarlos y realizar las contrataciones necesarias, de acuerdo con la normativa vigente.

Desde la DGCyE recordaron que son los Consejos Escolares los responsables de la ejecución, rendición y custodia de los fondos asignados, tal como lo establece la resolución RESOC-2020-2508-GDEBA-DGCYE y las leyes provinciales que regulan la administración financiera del Estado. Las rendiciones deben presentarse en un plazo de 60 días, cumpliendo con todos los requisitos fiscales y administrativos exigidos.

En esta nueva etapa, se fijaron criterios claros para la distribución de los fondos, que fueron destinados con urgencia a aquellos distritos con situaciones críticas. Para ello se consideraron variables como la cantidad de estudiantes transportados, la extensión de los recorridos y las condiciones geográficas que influyen en el costo del servicio.

Desde el organismo educativo destacaron que se atienden las particularidades de cada distrito, reconociendo que existen diferencias sustanciales entre zonas limítrofes, y que las decisiones se toman en base a la normativa vigente y los informes técnicos.

En un contexto nacional de fuerte ajuste presupuestario, la Provincia reafirmó su decisión de sostener políticas públicas inclusivas que fortalezcan la escuela pública y garanticen el acceso equitativo a los derechos fundamentales. “Desde el inicio de la gestión, el gobierno bonaerense ha sostenido una política activa para garantizar el transporte escolar como parte integral del derecho a la educación”, remarcaron desde la DGCyE.