Casa Rosada blindada: la denuncia de “espionaje” que terminó con la expulsión de los cronistas

Para LNVR escribe Malena Bigot

En una decisión sin precedentes desde el retorno de la democracia, el Gobierno nacional clausuró este jueves por tiempo indeterminado el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada. La medida, que se hizo efectiva mediante el bloqueo de accesos biométricos y la suspensión de credenciales, marca el punto más crítico en la relación entre el presidente Javier Milei y la prensa, transformando la hostilidad discursiva en una restricción administrativa directa.

La justificación oficial para el cierre se basa en una denuncia de la Casa Militar por presunto “espionaje ilegal”. El Ejecutivo acusó a un equipo periodístico de la señal televisiva TN de filmar pasillos y áreas restringidas sin autorización, calificando el hecho como una vulneración a la seguridad nacional.

Desde el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) calificaron la medida como de “extrema gravedad institucional”. Mediante un comunicado, la entidad señaló que restringir el acceso a todos los cronistas por un incidente puntual es desproporcionado y altera las condiciones básicas para que la sociedad controle la actividad de sus gobernantes.

La clausura de este espacio físico es, en realidad, un golpe a la transparencia pública. En democracia, el libre acceso de la prensa a la sede de Gobierno no es un favor político, sino un requisito esencial para evitar el ejercicio de un poder sin testigos.

Cuando el Estado bloquea el acceso a los cronistas, no solo afecta a los propios periodistas, sino también el derecho de la ciudadanía a saber qué ocurre en el centro del gobierno.

Pero este no es un hecho aislado, sino el punto más alto de la escalada de violencia discursiva y digital que ha caracterizado la relación entre la prensa y el gobierno nacional. Solo en las últimas semanas, el Presidente ha intensificado sus ataques, buscando deslegitimar la función social del periodista utilizando términos despectivos como “basuras inmundas” y “ensobrados”. Con esto reduce la credibilidad y la crítica de los propios trabajadores de medios a un supuesto interés económico. Además, con el aumento de causas judiciales por “calumnias e injurias” en contra de comunicadores actúa como una forma de amedrentamiento que fomenta la autocensura.

La respuesta institucional no tardó en llegar. La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el Presidente por abuso de autoridad, argumentando que la Casa Rosada “no es propiedad privada”. Mientras los cronistas se vieron obligados a realizar sus coberturas desde un bar en las inmediaciones de Plaza de Mayo, el conflicto parece lejos de resolverse.

El cierre de la sala de prensa rompe un pacto histórico de respeto mutuo entre el poder y el periodismo. Hoy, el país se enfrenta a la urgencia de evitar que la hostilidad gubernamental ponga en riesgo el derecho esencial de todos los ciudadanos a estar informados.