Bloques de la oposición dura y dialoguista lograron en la Cámara de Diputados la media sanción de un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% (excepto los regímenes especiales) y un incremento para el bono, que pasará de $70 mil a $110 mil y se actualizará por inflación. También fue aprobada la restitución por dos años de la moratoria previsional, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años de aportes pudieran comprar los saldos faltantes para acceder a la jubilación mínima.
El aumento de los haberes y el bono fue aprobado con 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones. Fue una contundente mayoría conformada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre e Independencia. En contra votaron LLA, el PRO y bloques provinciales. La UCR se abstuvo.
El voto afirmativo de los tucumanos de Independencia sorprendió porque el gobernador Osvaldo Jaldo ha sido uno de los principales aliados del Gobierno y hasta el momento siempre se había alineado con el oficialismo. De hecho, los tres diputados que responden al mandatario provincial no habían dado quórum para iniciar la sesión. También llamó la atención el apoyo de dos diputadas salteñas de Innovación Federal, lo que podría dejar de manifiesto un enfriamiento de la relación entre la Casa Rosada y el gobernador Gustavo Sáenz.

Por su parte, el PRO dejó expuestas nuevamente sus tensiones internas con 9 abstenciones, 1 voto a favor del larretista Hécto Baldasi, y 22 votos en contra.
Por otro lado, la restitución de la moratoria fue aprobada por 111 votos afirmativos, 100 negativos y 15 abstenciones. Nuevamente sorprendieron los votos positivos de los tucumanos de Independencia y las salteñas de Innovación Federal. Pero en este caso resultó clave la decisión de abstenerse mayoritariamente de los bloques Encuentro Federal y Democracia para Siempre, lo que dificultó al oficialismo sumar voluntades para rechazar el proyecto.
Todos los proyectos previsionales pusieron en pie de guerra al gobierno nacional que adelantó públicamente que el presidente Javier Milei vetará -en caso de ser ratificadas por el Senado- cualquier iniciativa que afecte el superávit fiscal.
En la previa de la sesión, desde el oficialismo hicieron públicos algunos cálculos sobre el impacto presupuestario de los proyectos. Sin embargo, muchas de las cifras fueron cuestionadas por la oposición, que además incluyó recortes del gasto tributario para garantizar esos recursos: por ejemplo, la eliminación de la exención al IVA para los directores de empresa, la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias a las sociedades de garantía recíproca, que se destine el ahorro presupuestario logrado cuando el FMI quitó los recargos a los intereses, la nacionalización de los fondos de ACARA y de CSA de los entes recaudadores por los registros automotor y un redireccionamiento de todas las partidas que por DNU le fueron otorgadas a la SIDE.
El aumento del bono a $110 mil, y su posterior actualización por inflación, tendría un costo fiscal de alrededor de 0.26% del PBI, ya que la Oficina del Presupuesto del Congreso había calculado que el impacto fiscal sería de 0.23% si se llevaba a $105 mil y de 0.30% si quedaba en $115 mil. Finalmente la oposición terminó consensuando una cifra intermedia entre los dos dictámenes.
Según un informe elaborado por el Palacio de Hacienda, el aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES tendrá un costo de 0,20% del PBI para el 2025 y del 0,42% para 2026. En total acumulan un 0,7% del PBI.
El proyecto aprobado además incluye una oficialización por ley de la actual fórmula de movilidad jubilatoria que rige por Decreto de Necesidad y Urgencia desde abril del año pasado. Por otro lado, también establece que los giros a las cajas jubilatorias provinciales -no transferidas- se realicen de forma automática y se actualicen por inflación, un reclamo de los gobernadores.
/Fuente Infobae