El paro docente que se llevó adelante este martes en la provincia de Buenos Aires tuvo adhesión en Rauch y estuvo motivado por una serie de reclamos que, según el gremio, van mucho más allá de la discusión salarial. Así lo expresó Daniela Antonena, secretaria general de UDER, entidad adherida a la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), quien advirtió sobre el crecimiento de los hechos de violencia en los establecimientos educativos y reclamó que se implementen medidas concretas para proteger a los trabajadores de la educación.
En diálogo con La Nueva Verdad de Rauch, Antonena sostuvo que, si bien el salario continúa siendo uno de los principales puntos de la agenda gremial, existen otras problemáticas que hoy generan una profunda preocupación entre los docentes.
“No es una cuestión únicamente salarial. Hay varios temas de fondo por los cuales se lleva adelante el paro. Obviamente el salario ocupa uno de los primeros lugares de la agenda, pero la violencia que estamos sufriendo en las escuelas es extremadamente preocupante para cualquier docente”, afirmó.
Casos de violencia también en Rauch
Aunque muchos de los episodios que toman estado público ocurren en grandes ciudades o el conurbano bonaerense, la dirigente sindical aseguró que Rauch no está exento de esta realidad.
“Han habido muchos casos que por ahí no se visibilizan tanto porque quedan puertas adentro de las escuelas o se silencian. Pero sí suceden amenazas de padres hacia docentes, situaciones de enfrentamientos y conflictos dentro de los establecimientos”, explicó.
Antonena recordó además que a comienzos del ciclo lectivo varias instituciones educativas de la ciudad fueron blanco de amenazas de tiroteos.
“Arrancamos el año con amenazas de tiroteo, incluso con escritos dirigidos específicamente a directivos o docentes. Son situaciones muy graves que muchas veces quedan dentro de las escuelas y no trascienden”, señaló.
“El docente perdió autoridad dentro del aula”
Para la secretaria general de UDER, el problema responde también a un cambio en la relación entre las familias y la escuela.
“Lo que está pasando es que el docente ya no tiene autoridad dentro del aula. Muchas veces, ante cualquier llamado de atención, automáticamente la familia sale a defender al alumno sin escuchar qué fue lo que ocurrió. Todo lo que pasa en la familia termina repercutiendo dentro de la escuela”, sostuvo.
En ese sentido, aseguró que durante años muchos docentes optaron por no denunciar estos episodios por temor a sufrir consecuencias laborales.
“Muchos docentes se callaban porque tenían miedo de perder el trabajo. Estas situaciones se barrían debajo de la alfombra y no se visibilizaban. Hoy hay un agotamiento muy grande y por eso se están denunciando muchas de estas cuestiones”, indicó.
Reclaman que se cumplan las normas de protección
Antonena explicó que uno de los principales reclamos del Frente de Unidad Docente Bonaerense es la plena implementación del Acuerdo Paritario de Resguardo y Reparación para los trabajadores de la educación.
Según detalló, existen normas que contemplan sanciones para quienes agredan o amenacen a docentes dentro de los establecimientos educativos, pero consideró que no se aplican.
“Hay artículos del Código de Faltas que prevén sanciones para cualquier persona que ingrese a una escuela y agreda, insulte o amenace a un docente o a cualquier integrante de la comunidad educativa. Incluso contemplan multas o arrestos, pero esas normas prácticamente no se hacen cumplir”, cuestionó.
“La situación llegó a un límite”
La dirigente sindical señaló que el reciente caso del docente Gastón Valdés brutalmente agredido en en colegio San José de Tandil terminó de exponer una problemática que atraviesa a todo el sistema educativo bonaerense.
“Lo que pasó en Tandil fue gravísimo y de alguna manera mostró lo que realmente está ocurriendo en muchas escuelas. Nadie celebra tener que hacer un paro por este motivo, pero la situación llegó a un límite”, expresó.
Finalmente, reveló que la FEB recibe un promedio de tres denuncias semanales vinculadas a hechos de violencia contra docentes en la provincia de Buenos Aires, una cifra que, según advirtió, refleja el creciente deterioro del clima escolar y la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar condiciones seguras de trabajo.






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