El abogado Manuel Molfesa respaldó la baja de imputabilidad a los 14 años: “La herramienta era necesaria y puede ser de gran utilidad si se aplica correctamente”

El abogado rauchense Manuel Molfesa se refirió a la reciente aprobación en el Senado del nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, y se mostró a favor de la reforma, aunque advirtió que su eficacia dependerá de la correcta implementación y del acompañamiento de otras políticas públicas.

“Es muy reciente, se aprobó la semana pasada en el Senado. Yo particularmente estoy de acuerdo con el nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil”, afirmó el letrado, al tiempo que aclaró que la norma “deroga la ley anterior por completo y estipula un nuevo esquema para jóvenes de 14 a 18 años”.

Molfesa remarcó que la baja de la edad de imputabilidad se aplicará de manera escalonada y exclusivamente para delitos graves. “No es como se decía, que cualquier menor que cometa cualquier tipo de delito va a quedar privado de la libertad. No es que robó una bicicleta y va preso. Eso genera confusión. La privación de la libertad queda como último recurso y para los delitos más graves”, explicó.

UN SISTEMA QUE DEBE ADAPTARSE

Consultado sobre si el sistema argentino está preparado para recibir a menores de 14 años en el nuevo esquema penal, Molfesa reconoció que allí radica uno de los principales desafíos.

“Es muy difícil decir hoy si el Estado argentino está completamente preparado para dar ese tipo de soluciones. No tengo dudas de que hay mucho por hacer. Pero esto puede ser el camino”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que la ley entrará en vigencia seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial, plazo que consideró clave. “Se entiende que esos seis meses son para que las provincias y el Estado nacional adecúen sus sistemas, los institutos de menores y los códigos procesales. Habrá que hacer un seguimiento en la práctica para ver cómo se implementa”, señaló.

El abogado también reconoció que existe una brecha histórica entre la letra de la ley y su aplicación concreta. “Una cosa es la retórica de la ley, que muchas veces es perfecta, hermosa, ideal; y otra cosa es la práctica, donde puede pasar algo totalmente distinto. Esto es más viejo que la Argentina. Por eso habrá que ver cómo funciona cuando se ponga en marcha”, advirtió.

REEDUCACIÓN Y NUEVAS SANCIONES

Para Molfesa, uno de los aspectos más relevantes del nuevo régimen es su enfoque en la reeducación y la resocialización.

“La ley tiene una perspectiva clara de reencauzar la conducta de los menores. La pena privativa de libertad queda en último término. Se establecen nuevas sanciones que van desde amonestaciones hasta trabajos comunitarios, monitoreo electrónico y distintas medidas alternativas que no necesariamente implican encierro”, detalló.

En esa línea, destacó la creación de la figura del “supervisor”, una novedad dentro del esquema penal juvenil. “Es una figura que hoy no teníamos. Cada provincia la va a reglamentar, pero la idea es que sea una persona con formación académica, pedagógica, que haga un seguimiento personalizado de los menores procesados o condenados”, explicó.

Según indicó, este supervisor actuaría como una especie de “patronato más personalizado”, encargado de controlar el cumplimiento de las medidas alternativas y acompañar el proceso de reinserción. “Hoy el patronato muchas veces está colapsado y no puede hacer un seguimiento individual. Esta figura especializada podría hacer más funcional el sistema”, afirmó.

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS PADRES

Por último, Molfesa aclaró que la responsabilidad civil de los padres por los hechos cometidos por sus hijos menores de edad no es una novedad introducida por la reforma. “Eso siempre estuvo previsto en nuestra legislación. Existe una responsabilidad civil objetiva de los padres por los actos de los menores. La nueva ley lo vuelve a establecer expresamente en un artículo específico, pero no es algo nuevo”, concluyó.

Para el abogado rauchense, el nuevo régimen no resolverá por sí solo el problema de la delincuencia juvenil, pero sí representa “una herramienta que hacía falta”. “Por sí sola no va a solucionar todo. Requiere de otras políticas que acompañen. Pero si se aplica de forma correcta, puede ser de gran utilidad”, cerró.