Las deudas que mantiene la administración de Axel Kicillof con los municipios gobernados por Juntos por el Cambio volvieron a movilizar a los intendentes opositores, quienes se reunieron este mediodía en el Comité Provincia de la UCR de La Plata.
Según sus propias estimaciones, son 10 mil millones de pesos los que el Ejecutivo les adeuda en concepto de deudas vencidas por convenios firmados y que, para Néstor Grindetti, “comprometen seriamente las arcas locales y ponen en riesgo la continuidad de obras y servicios esenciales”.
Una veintena de jefes comunales del radicalismo y del PRO debatieron qué postura adoptar, evidenciándose una disparidad de criterios.
Tras un buen rato de deliberaciones, los jefes comunales de La Plata, Julio Garro, y de Rauch, Maximiliano Suescun -presidente interino del Foro de mandatarios de la UCR- encabezaron una conferencia de prensa, en la que delinearon aspectos del comunicado emitido tras el cónclave.
En concreto, los voceros de los intendentes reconocieron que judicializar el reclamo fue una de las opciones, aunque aclararon que se podría hacer de manera individual. Si un intendente considera que el diálogo ya no es posible y la deuda es agobiante, podría ir a la Justicia para reclamar determinados fondos.
Por otra parte, Garro aseguró que otra de las líneas definidas para ejercer presión es la legislativa, sumando a los diputados y senadores de JxC al reclamo.
Claro está, en el aire quedó flotando la posibilidad de que la oposición vuelva a bloquear la sesión convocada para el jueves en la Cámara Alta, como ya sucedió cuando no se pudo realizar tiempo atrás por la falta de respuesta al envío de fondos que sufrieron municipios de la UCR y el PRO por caída de ingresos ante la modificación del CUD.
A través de un duro comunicado, los 58 intendentes de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires advirtieron que las demoras en el envío de fondos para obras públicas y seguridad “asfixian” a las economías municipales, afectando la calidad de vida de 6 millones de bonaerenses.
“Los intendentes de Juntos por el Cambio estamos en estado de alerta por el desfinanciamiento que sufren en la actualidad nuestros municipios, manifestamos nuestra gran preocupación por una parte por la demora en el pago de diversos conceptos”, reclamaron.
En ese aspecto, sostuvieron que hay incumplimiento de temas acordados a la hora de sancionar el presupuesto provincial y que se encuentran con demoras significativas, entre ellas por “la falta de pago a muchos municipios de aportes del tesoro provincial para compensar la caída de CUD (coparticipación), cuya cancelación estaba prevista en desembolsos para marzo y junio”.
También se detalló “el financiamiento por parte de los municipios de un porcentaje significativo de los Torneos Bonaerenses, la falta de cumplimiento de convenios celebrados para el funcionamiento de las policías en los distritos por parte del Ministerio de Seguridad (Fondo Municipal de Seguridad), o los que tienen que ver con las acciones planteadas en los convenios celebrados con el Ministerio de las Mujeres, por ejemplo”.
A su vez, cuestionaron la “excesiva intencionada burocracia y duplicidad de controles (cuestiones que se acordó oportunamente simplificar y disminuir), sumada a la importante demora en el pago de los anticipos y/o certificados correspondientes, en un contexto de una altísima inflación que no para de crecer, que obliga en muchos casos a la paralización de obras comprometidas con la consecuente falta de respuestas a nuestros vecinos que esperan la ejecución y el cumplimiento de las mismas, a su vez que se ponen en riesgo miles de puestos de trabajo generados a partir de ellas”.
Por otra parte, se planteó “la insuficiente actualización del valor de las prestaciones abonadas por el IOMA y la demora en la cancelación de las mismas, que dificultan seriamente el normal funcionamiento de nuestros efectores de salud”, afectando seriamente las prestaciones que reciben los afiliados.
En cuanto al pago del bono, se graficó que “se toman medidas de manera unilateral que afectan el normal desenvolvimiento de nuestros municipios y que al no ser acompañadas con los recursos suficientes para hacer frente a dichas obligaciones también generan inconvenientes en los gobiernos locales, en un contexto de absoluta dificultad financiera”.
Los intendentes de Juntos por el Cambio apostaron a “la sana convivencia democrática, al diálogo y el consenso político, por lo que seguimos aguardando ser convocados a partir de nuestro pedido de audiencia del 7 del corriente mes”.
“Apostamos a poder construir una provincia mejor para cada unos de los bonaerenses”, remarcaron y concluyeron: “Somos 58 intendentes que gobernamos municipios donde habitan mas de 6 millones de bonaerenses a lo largo y a lo ancho de más de 170.000 kilómetros cuadrados de nuestra querida provincia”.
