El oficialismo modificó la ley de tierras en busca de votos aliados y elevó al 25% el tope de compra a capitales extranjeros

El Gobierno nacional volvió a introducir cambios en el proyecto de reforma de la Ley de Tierras con el objetivo de reunir los apoyos necesarios para avanzar con su tratamiento en el Senado. La principal modificación consiste en abandonar la propuesta original de eliminar todos los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y reemplazarla por una ampliación del tope vigente, que pasaría del 15% al 25% del territorio de cada provincia.

La decisión forma parte de una negociación política impulsada por el bloque oficialista de La Libertad Avanza, luego de varios intentos fallidos por conseguir la mayoría necesaria para llevar la iniciativa al recinto. El nuevo texto comenzó a circular entre los bloques aliados con la intención de sumar los votos que aún le faltan al oficialismo para lograr la media sanción.

La propuesta original, promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planteaba eliminar completamente las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. Sin embargo, esa alternativa encontró fuertes resistencias tanto en sectores de la oposición como entre potenciales aliados parlamentarios, lo que obligó al Gobierno a reformular el proyecto.

Con la nueva redacción, el límite máximo de tierras rurales en manos extranjeras se elevaría del 15% al 25% del territorio de cada provincia, manteniendo un tope legal, aunque considerablemente más amplio que el establecido por la legislación vigente desde 2011.

El oficialismo busca que la iniciativa sea debatida durante la sesión prevista para esta semana en el Senado. No obstante, el resultado aún depende de las negociaciones de último momento con bloques provinciales y legisladores independientes, ya que el Gobierno continúa trabajando para alcanzar el número de votos necesario para su aprobación.

La reforma de la Ley de Tierras es uno de los proyectos más controvertidos impulsados por la administración nacional. Sus defensores sostienen que una mayor apertura favorecerá las inversiones y el desarrollo productivo, mientras que sus detractores advierten sobre el impacto que podría tener en la soberanía territorial y el control de los recursos naturales estratégicos.