Fernández Pego cuestionó la reforma del Gobierno y advirtió que ampliar la venta de tierras a extranjeros “es una decisión muy polémica”

El abogado constitucionalista Guillermo Fernández Pegoraro consideró que el Gobierno nacional tendría los votos necesarios para avanzar en el Senado con el proyecto de reforma de la Ley de Tierras, aunque advirtió que la iniciativa continúa generando un fuerte debate por el impacto que podría tener sobre la extranjerización de tierras rurales.

“El Gobierno está tranquilo porque le alcanzan los votos”, sostuvo el especialista al analizar el escenario legislativo, aunque aclaró que las negociaciones introdujeron modificaciones respecto del texto original.

Fernández Pego explicó que el proyecto no solo modifica la legislación sobre tierras rurales, sino que incorpora cambios en distintos aspectos vinculados al derecho de propiedad.

Los cuatro ejes de la reforma

Según detalló, uno de los puntos establece nuevas condiciones para las expropiaciones realizadas por el Estado.

“Si el Estado te expropia por utilidad pública, va a tener que pagarte una indemnización mayor y con criterios más claros. La legislación anterior dejaba muchas dudas y, en algunos casos, el Estado terminaba pagando menos de lo que correspondía”, explicó el profesional rauchense.

Otro de los cambios apunta a agilizar los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente o cuando un inquilino permanece en la vivienda una vez finalizado el contrato.

“La intención es brindar mayores herramientas para proteger el derecho del propietario, ya que hoy muchos desalojos terminan demorándose durante años”, señaló.

El constitucionalista también mencionó las modificaciones previstas en la Ley de Manejo del Fuego, un capítulo que calificó como “complejo” y que continúa siendo motivo de discusión por las restricciones que existen sobre la venta de campos afectados por incendios.

El punto más polémico: las tierras rurales

Para Fernández Pego, el aspecto central del debate es la modificación de la Ley de Tierras Rurales y los nuevos límites a la propiedad extranjera.

Explicó que la legislación vigente establece que hasta el 15% de las tierras rurales del país puede estar en manos de extranjeros, mientras que el proyecto propone ampliar ese porcentaje y otorgar un mayor margen de decisión a las provincias.

“La discusión pasó por darle más autonomía a las provincias para que definan esos límites, pero con un tope del 25% de tierras rurales en manos extranjeras”, indicó.

A su vez, destacó que el proyecto mantiene una prohibición expresa para que Estados extranjeros adquieran tierras en Argentina.

“No se podrán vender tierras a Estados extranjeros ni a empresas que tengan participación estatal extranjera. Ese punto sigue siendo una prohibición clara”, remarcó.

Sin embargo, advirtió que todavía existen cuestionamientos sobre otros aspectos de la iniciativa, entre ellos el tratamiento de las zonas de frontera.

“El problema en Argentina no es la ley, sino el control”

Fernández Pego sostuvo que gran parte de las dificultades relacionadas con la propiedad de la tierra no se originan en la legislación vigente sino en la falta de controles y de aplicación efectiva de las normas.

“Muchas veces el problema no es la ley en sí misma. La legislación es bastante clara. El problema aparece cuando los organismos de control no funcionan o cuando el poder político decide no intervenir”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó el histórico conflicto por el acceso al Lago Escondido, en Río Negro.

“Durante años hubo situaciones que no se resolvieron porque existió una decisión política de no actuar. El problema no era la norma, sino la falta de control y de aplicación de la ley”, concluyó.

La reforma de la Ley de Tierras continúa siendo uno de los proyectos más debatidos en el Congreso. Mientras el oficialismo busca avanzar con su aprobación en el Senado, distintos sectores políticos y sociales mantienen cuestionamientos sobre el alcance que podría tener la ampliación del límite para la propiedad extranjera de tierras rurales en Argentina.