Ley de Tierras: qué cambia con la reforma que impulsa el Gobierno de Milei y por qué genera un fuerte debate

La reforma de la Ley de Tierras Rurales impulsada por el Gobierno de Javier Milei volvió a instalarse en el centro de la agenda política nacional. El proyecto propone modificar de manera sustancial la normativa vigente desde 2011 y reabre el debate sobre la compra de campos por parte de extranjeros, la autonomía de las provincias y la protección de los recursos estratégicos del país.

Actualmente, la Ley 26.737 establece que las personas y empresas extranjeras no pueden superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio. Además, fija un límite equivalente a 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo y restringe la adquisición de campos ubicados sobre cuerpos de agua permanentes, zonas de frontera y otros espacios considerados estratégicos.

La iniciativa del oficialismo plantea eliminar esas restricciones para las personas físicas y empresas privadas extranjeras, dejando en manos de cada provincia la posibilidad de regular, autorizar o limitar este tipo de operaciones. El Gobierno sostiene que la medida permitirá atraer inversiones, dinamizar el mercado inmobiliario rural y otorgar mayor seguridad jurídica a los propietarios.

Entre los cambios más relevantes también figura la eliminación del tope nacional del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales y la supresión del límite de superficie permitido para cada titular extranjero. De prosperar la reforma, cada jurisdicción tendría un rol más importante en la definición de las condiciones para la compra de campos dentro de su territorio.

Sin embargo, el proyecto despertó una fuerte oposición de organizaciones ambientalistas, movimientos rurales, entidades sociales y sectores de la oposición política. Los críticos advierten que la reforma podría facilitar la extranjerización de grandes extensiones de tierra y afectar el control sobre recursos naturales estratégicos, como el agua, los bosques, los minerales y las zonas de frontera.

El debate también incluye una comparación con la legislación vigente en otros países de la región. Mientras Uruguay mantiene un régimen más flexible para la compra de tierras por parte de extranjeros, Brasil y Paraguay cuentan con distintas limitaciones y mecanismos de control para determinadas zonas consideradas sensibles desde el punto de vista estratégico.

El tratamiento parlamentario del proyecto fue postergado en varias oportunidades y, de acuerdo con el cronograma legislativo, el Senado tiene previsto retomar la discusión en los próximos días. Mientras tanto, la propuesta continúa generando posiciones enfrentadas entre quienes consideran que favorecerá nuevas inversiones y quienes sostienen que implica un riesgo para la soberanía sobre el territorio y los recursos naturales argentinos.