Desde su asunción en diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei consolidó un recorte acumulado superior a los $16,5 billones sobre jubilaciones y pensiones. Así lo advierte un nuevo informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), que señala que el ajuste sobre el sistema previsional se convirtió en uno de los pilares centrales para sostener el superávit fiscal que exhibe la Casa Rosada, con un fuerte impacto en la calidad de vida de los adultos mayores.
De acuerdo al relevamiento, en los últimos dos años las jubilaciones no solo no lograron recuperar lo perdido, sino que profundizaron su deterioro mes a mes. Según las estimaciones, cada jubilado perdió en promedio casi $5 millones en términos acumulados, una cifra que refleja la magnitud del ajuste aplicado sobre el sector.
En términos macroeconómicos, el recorte previsional asciende a $16,5 billones, un “ahorro” que explica buena parte del equilibrio fiscal alcanzado por la administración libertaria. En paralelo, el haber medio quedó 23% por debajo del nivel de 2023, mientras que la jubilación mínima apenas cubre un tercio del costo real de la canasta básica para personas mayores.
El informe remarca que el deterioro de los haberes no responde a una coyuntura transitoria, sino que se consolidó a partir de decisiones normativas estructurales. En particular, el cambio en la fórmula de movilidad, implementado mediante el DNU 274/2024, ató las jubilaciones exclusivamente a la inflación y dejó atrás el esquema anterior, que combinaba la evolución de los salarios y la recaudación.
Para los especialistas, este giro eliminó cualquier posibilidad de recuperación real del poder adquisitivo perdido en los primeros meses de gestión. Desde MATE advirtieron que, con la normativa vigente, las jubilaciones no solo no recuperaron lo resignado al inicio del gobierno, sino que tampoco lo harán en el futuro.
El impacto social del ajuste es contundente: millones de adultos mayores quedaron por debajo de la línea de pobreza. El diagnóstico coincide con el elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que calculó una pérdida acumulada del 27,4% desde diciembre de 2023. Según ese análisis, si se hubiese mantenido la fórmula de movilidad anterior, la jubilación mínima sería hoy casi $94.000 más alta.
A este escenario se suma el congelamiento del bono de $70.000, que no se actualiza desde marzo de 2024 y que cumplía un rol clave para los jubilados de menores ingresos. De acuerdo con CEPA, para conservar su poder de compra ese refuerzo debería haber alcanzado en diciembre de 2025 los $177.485, una brecha que explica por qué el ajuste golpea con mayor dureza a quienes perciben el haber mínimo.
Los datos sobre el costo de vida de los adultos mayores exponen con crudeza el desfasaje entre ingresos y gastos. En noviembre, la Canasta de Consumo para Personas Adultas Mayores se ubicó en $1.359.675, mientras que una persona mayor de 75 años que vive sola necesitó al menos $746.271 mensuales para cubrir gastos básicos, según cifras de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Alimentos, servicios del hogar y salud concentran la mayor parte del presupuesto de los jubilados y son los rubros donde el impacto de la inflación resulta más difícil de absorber con haberes cada vez más deteriorados, en un contexto donde el ajuste previsional aparece como una de las principales contracaras del superávit fiscal.





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