Paritaria sin acuerdo: la Provincia ofreció un 2,5% de aumento y los gremios docentes rechazaron la propuesta

Las paritarias entre el Gobierno bonaerense y los gremios docentes realizada este viernes terminaron sin acuerdo. El gobierno de Axel Kiicllof presentó esta vez una nueva propuesta salarial que contempla un incremento del 2,5 por ciento para los haberes de julio, a cobrar con los salarios de agosto, pero los sindicatos la rechazaron por considerarla insuficiente y resolvieron no ponerla a consideración de los trabajadores.

La decisión dejó la negociación en un punto de tensión. Tras el rechazo gremial, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio, con fecha y horario a confirmar, para retomar la discusión salarial.

Los representantes sindicales sostuvieron que la oferta presentada por el Ejecutivo no alcanza para recomponer el poder adquisitivo de los salarios docentes, afectado por la inflación y el incremento del costo de vida.

Por ese motivo, resolvieron descartarla sin llevarla a consulta entre los afiliados, una señal del amplio consenso interno respecto de la insuficiencia de la propuesta oficial.

LA EXPLICACIÓN DE LA PROVINCIA

Además de presentar la oferta salarial, los funcionarios bonaerenses reiteraron las dificultades financieras que atraviesa la administración provincial para afrontar una recomposición de mayor magnitud.

Según expusieron durante la reunión, la Provincia acumula pérdidas por 26,7 billones de pesos como consecuencia de deudas que atribuye al Gobierno nacional y de la caída sostenida de la recaudación, un escenario que, aseguran, limita el margen de maniobra para mejorar la oferta salarial.

Ese argumento ya había sido planteado en reuniones paritarias anteriores y volvió a ser uno de los ejes de la discusión entre el Ejecutivo y los gremios.

Con el cuarto intermedio acordado, las partes volverán a reunirse en una fecha que todavía no fue definida.

Mientras tanto, la atención se traslada a la reunión prevista desde las 16:30 con los gremios que representan a los trabajadores estatales de la Ley 10.430, donde el Gobierno bonaerense deberá definir si replica la misma propuesta salarial o presenta una alternativa diferente para ese sector.