lunes 7 de septiembre de 2026
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Por qué Suescun vetó la ordenanza que proponía crear una Mesa de trabajo para el Frigorífico Municipal: los argumentos del Gobierno

El debate por el futuro del Frigorífico Municipal de Rauch sumó un nuevo capítulo luego de que el intendente Maximiliano Suescun firmara el Decreto N.º 836/26, mediante el cual dispuso el veto total de la Ordenanza N.º 1647/26.

La norma había sido impulsada por el concejal Luciano Barberis, del bloque Fuerza Patria, y aprobada por el Concejo Deliberante el pasado 18 de agosto. En aquella sesión, el proyecto no contó con el acompañamiento del oficialismo de Somos Buenos Aires.

La ordenanza establecía la conformación de una Mesa de Trabajo Interinstitucional, que tendría entre sus objetivos realizar relevamientos y avanzar en la definición de un modelo de administración para el establecimiento municipal.

Sin embargo, para el Departamento Ejecutivo, la iniciativa excedía el carácter meramente consultivo que se planteaba y terminaba interfiriendo en atribuciones que corresponden al Intendente.

El argumento central: las facultades del Ejecutivo

Uno de los principales fundamentos utilizados por el Gobierno municipal para justificar el veto es de carácter jurídico.

Según sostiene el decreto, la ordenanza pretendía crear un órgano colegiado con facultades resolutivas y deliberativas respecto de un bien que pertenece al dominio público municipal.

Desde la mirada del Ejecutivo, esto supone una interferencia directa sobre las atribuciones que la Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto-Ley N.º 6769/58, asigna al Departamento Ejecutivo y, particularmente, al Intendente.

En otras palabras, el Gobierno considera que el Concejo Deliberante puede establecer marcos de control y legislación sobre las políticas municipales, pero que no puede conformar un órgano que termine condicionando decisiones que corresponden exclusivamente al Ejecutivo.

Otro de los argumentos planteados está relacionado con el funcionamiento que tendría la Mesa de Trabajo.

El Ejecutivo cuestionó que se tratara de un espacio de carácter permanente, al considerar que podría convertirse en un obstáculo para la flexibilidad que requiere el proceso de puesta en valor y eventual reactivación del Frigorífico Municipal.

La posición del Gobierno es que el establecimiento atraviesa un proceso que requiere decisiones y gestiones ágiles, por lo que incorporar una estructura colegiada con participación institucional podría terminar ralentizando la toma de decisiones.

El Municipio también puso el foco en las tareas que la ordenanza asignaba a la Mesa.

Entre ellas aparecían relevamientos vinculados con la oferta y demanda, capacidad de faena y otras variables necesarias para analizar el funcionamiento futuro del frigorífico.

Según el decreto de veto, esos trabajos ya están siendo desarrollados por las áreas técnicas municipales, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires.

Por ese motivo, el Ejecutivo considera que la creación de una nueva estructura institucional no resulta necesaria para llevar adelante estudios que ya forman parte de las gestiones que se vienen realizando.

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