Presupuesto 2026: las partidas asignadas no contemplan las leyes que financian discapacidad y universidades

El reparto de créditos presupuestarios que realizó esta semana el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no contempla los fondos necesarios para cumplir con las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, entre otros gastos aprobados por el Congreso. Así lo advierte un informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP), que pone el foco en inconsistencias estructurales del Presupuesto 2026.

Según el análisis, la exclusión de estas partidas no responde a una decisión directa de Adorni, sino a que el propio Congreso incorporó incrementos de gasto sin realizar las modificaciones correspondientes en las partidas presupuestarias. El Presupuesto 2026 fue finalmente sancionado sin cambios respecto del proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo el 15 de septiembre, pese a que durante su tratamiento legislativo se aprobaron nuevas erogaciones.

El informe de ASAP detalla que los nuevos gastos incorporados por el Congreso equivalen al 0,56% del PBI, pero no cuentan con asignaciones específicas. “Este Presupuesto fue sancionado sin introducir modificaciones en las partidas originalmente previstas, aun cuando durante el tratamiento legislativo se realizaron cambios que implican nuevos gastos”, señala el documento.

En ese marco, la entidad advierte que el financiamiento de estas políticas quedará sujeto a eventuales adecuaciones presupuestarias a lo largo del ejercicio, especialmente para cumplir con el artículo 1º del Presupuesto, que establece la obligación de alcanzar un resultado financiero equilibrado o superavitario.

Un dato clave es que el Capítulo 11 del proyecto original del Poder Ejecutivo contemplaba la derogación de ambas leyes. De haberse mantenido ese artículo, el esquema de gastos se habría ajustado a las partidas previstas inicialmente. Sin embargo, el Congreso eliminó ese apartado, dejando vigentes las leyes pero sin garantizar su financiamiento.

La situación se agrava si se tiene en cuenta que recientemente un juez ordenó al Gobierno nacional adoptar las medidas necesarias para cumplir con la ley de Emergencia en Discapacidad. Tanto esa norma como la de financiamiento universitario son cuestionadas por el Ejecutivo, que intentó derogarlas sin éxito y ahora argumenta su supuesta inconstitucionalidad, al sostener que fijan gastos sin definir las fuentes de financiamiento.

En paralelo, el Gobierno prevé avanzar con una rebaja de aportes patronales equivalente a medio punto del PBI y una reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas de 0,33 puntos del PBI, en el marco de la reforma laboral que será debatida en febrero. Para ASAP, esto evidencia que el Ejecutivo está dispuesto a asumir ciertos incrementos del gasto —como los vinculados a beneficios impositivos para el sector empresario— pero no otros que no forman parte de su política económica.

En cuanto al reparto de fondos, la Administración Pública Nacional inicia 2026 con un escenario fiscal ajustado. Los ingresos previstos implican una caída real del 12% respecto de 2025, mientras que el gasto proyectado muestra un recorte real del 4,9%.

Durante 2025, la APN registró ingresos totales por $134,5 billones, de los cuales $73 billones correspondieron a impuestos y $40,8 billones a la Seguridad Social. Para 2026, se proyectan ingresos por $147,9 billones: un aumento nominal del 10%, pero una caída real del 12,7% si se ajusta por la inflación estimada en el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central.

El Presupuesto se elaboró bajo el supuesto de un crecimiento del PBI del 5% y una inflación del 10,1%. En los papeles, los ingresos impositivos alcanzarían los $90 billones y los de la Seguridad Social $47,6 billones, aunque en términos reales caerían 1,9% y 7,4%, respectivamente.

No obstante, el propio informe aclara que la recaudación real podría ser mayor, ya que la inflación efectiva se ubicaría entre el 23% y el 26%, muy por encima de la prevista, lo que elevaría el PBI nominal y los ingresos asociados.

Del lado del gasto, se proyectan erogaciones totales por $148,1 billones, con una suba nominal del 20% y una caída real del 4,9%. Aunque el resultado económico aparece cercano al equilibrio, ASAP advierte que los gastos indexados por inflación crecerán más de lo previsto, lo que obligará a profundizar el ajuste sobre el gasto no indexado, en un contexto de fuertes tensiones políticas y judiciales por el incumplimiento de leyes aprobadas por el Congreso.