La situación judicial de Walter Alejandro Atucha, imputado por abuso sexual agravado con acceso carnal, sumó un nuevo capítulo decisivo. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal confirmó la resolución que le otorgó la prisión domiciliaria, dejando sin efecto el intento del Ministerio Público Fiscal por revertir el beneficio.
El proceso comenzó el 25 de agosto, cuando el juez Juan José Suárez, titular del Juzgado de Garantías N°3 de Azul, hizo lugar al pedido presentado por la defensora particular Dra. Alicia Friggieri, quien solicitó la morigeración de la prisión preventiva para su asistido. La abogada ofreció seis garantes y una caución real de siete millones de pesos, además de aportar un informe socioambiental sobre el domicilio donde Atucha cumplirá el encierro.
Durante la audiencia prevista por el artículo 168 bis, la defensa argumentó que Atucha —padre de tres hijos menores de 4, 9 y 10 años— atravesaba una situación familiar crítica desde su detención. Tras evaluar las condiciones, el juez resolvió conceder la prisión domiciliaria bajo control electrónico y supervisión estricta.
“Todo lo dicho me lleva a decretar procedente la morigeración de la prisión preventiva requerida”, escribió Suárez en la resolución, aclarando que los garantes deberán alertar al juzgado ante cualquier incumplimiento.
A mediados de septiembre, la discusión llegó a segunda instancia. La fiscal interviniente Dra. Laura Margaretic, con el aval del Fiscal General Departamental Dr. Marcelo Sobrino, apeló la medida por considerarla improcedente. Sin embargo, los jueces Gustavo Agustín Echevarría, Damián Pedro Cini y Carlos Paulino Pagliere rechazaron el recurso y ratificaron el fallo original.
De esta manera, la Justicia confirmó que Atucha, de 41 años, continuará el proceso judicial en prisión domiciliaria, bajo monitoreo electrónico y tutela familiar, a pesar de la oposición del Ministerio Público Fiscal.
La confirmación de la Cámara en septiembre habilitó la morigeración de su prisión, consolidando la estrategia de la defensa y manteniendo al imputado fuera del ámbito carcelario mientras avanza la investigación por los graves delitos que se le imputan.
La medida, que está vigente desde ayer, quedará firme hasta el fallo de la Justicia, una vez la causa sea elevada a juicio.





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