Reforma de la Ley de Glaciares: El Congreso definió el futuro económico y ambiental de la Argentina

Para LNVR escribe Malena Bigot

El clima en las afueras del Congreso de la Nación reflejó la tensión que se vivió puertas adentro. Con la aprobación de esta reforma, Argentina ha cruzado una encrucijada histórica al flexibilizar los controles ambientales con el fin de atraer inversiones multimillonarias, modificando la protección rígida que regía sobre sus reservas hídricas estratégicas.

La ley vigente desde 2010 es considerada por el sector minero como un “freno de mano” al desarrollo. El punto de mayor fricción radica en la definición del ambiente periglacial. Hasta hoy, cualquier suelo congelado en la alta montaña era intocable. La reforma impulsada en este 2026 propuso un cambio de paradigma: solo se protegerán aquellas zonas donde se demuestre una “función hídrica significativa”.

Para el Gobierno, esta distinción es vital. “No podemos prohibir la actividad en miles de hectáreas por un suelo congelado que no aporta una gota de agua a los ríos”, argumentan desde la Secretaría de Minería. Para los científicos, es una apuesta peligrosa: en plena crisis climática, esos “glaciares de escombro” (rocas con hielo interno que no tienen la forma clásica de un glaciar blanco) son el seguro de vida de las cuencas cuando no hay nieve. Argumentan que la reforma viola el principio de no regresividad en materia ambiental, que prohíbe que las leyes nuevas otorguen menos protección que las anteriores.

El impulso detrás de la reforma en 2026 responde a una combinación de presión económica y geopolítica. 

Con la transición energética global, el cobre se ha vuelto tan valioso como el litio. Argentina tiene yacimientos de clase mundial en la Cordillera, pero muchos están en zonas “grises” de la ley actual (ambiente periglacial). El Gobierno y las cámaras mineras sostienen que la definición de estas zonas es tan amplia que impide proyectos a kilómetros de distancia de un glaciar real, generando una parálisis de inversión.

La reforma busca “limpiar” el terreno legal para que las empresas que inviertan miles de millones de dólares no enfrenten juicios ambientales que frenen sus obras.

Los gobernadores de las provincias cordilleranas reclamaron una “federalización de la protección”, que les permitiera tener la última palabra sobre qué zonas son productivas y cuáles deben preservarse, restándole peso al Inventario Nacional de Glaciares que regia de forma uniforme para todo el país.

El impacto de esta ley será inmediato. En el plano económico, se estima un desembarco de inversiones cercano a los 20.000 millones de dólares. Esto transformaría el perfil exportador de las provincias cordilleranas, generando empleos y dinamizando economías regionales hoy estancadas. En lo ambiental, la comunidad científica y las organizaciones civiles advierten sobre el principio de no regresividad. Argentina estaría otorgando hoy un nivel de protección menor al que tenía hace 15 años, lo que podría derivar en una batalla legal que llegue hasta la Corte Suprema de Justicia.

“La reforma no busca destruir glaciares blancos, sino permitir la minería en áreas que la ley actual, por su ambigüedad, mantenía vedadas sin fundamentos hídricos claros”, sostienen los defensores del proyecto. Por otro lado sus principales detractores argumentan que esta reforma “es abrir la caja de Pandora del agua en la región más árida del país”.

La aprobación de esta reforma marca un punto de no retorno en la gestión de los recursos naturales de Argentina. En un contexto de crisis climática global, el éxito de esta medida no se medirá únicamente en dólares ingresados o puestos de trabajo creados, sino en la capacidad de los ríos cordilleranos para seguir alimentando a los valles productivos una vez que las máquinas comiencen a operar en el ambiente periglacial.