Régimen Penal Juvenil: la “letra chica” del proyecto aprobado en Diputados y los puntos clave de la reforma

La reciente media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil reavivó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad y el alcance real de la reforma. Según un análisis publicado por Infobae, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina no solo modifica la edad de responsabilidad penal, sino que introduce cambios estructurales en el sistema judicial para adolescentes.

La iniciativa, que ahora deberá ser debatida en el Senado, fija un plazo de 180 días desde su publicación para que el Estado nacional y las provincias adecuen sus estructuras judiciales, penitenciarias y administrativas al nuevo régimen.

Penas máximas y reinserción

Uno de los ejes centrales del texto es que la privación de la libertad será considerada como “último recurso”. En ese marco, el Artículo 19 establece un tope máximo de 15 años de prisión para los delitos más graves y prohíbe de forma expresa la prisión perpetua para menores de 18 años.

Además, la norma incorpora mecanismos orientados a la reinserción social. El Artículo 45 introduce la figura de la “extinción de la acción penal”: si el juez considera que el adolescente cumplió satisfactoriamente las medidas impuestas —como retomar estudios, aprender un oficio o realizar tratamientos de salud—, no se dictará condena y el joven no quedará con antecedentes.

Supervisión y control

Otra de las innovaciones es la creación del rol del “Supervisor”, previsto en el Artículo 23. Este funcionario, que dependerá del Ministerio de Justicia de la Nación Argentina, tendrá a su cargo el seguimiento de las penas alternativas.

Deberá contar con formación en psicología, trabajo social o disciplinas afines, realizar entrevistas semanales con el adolescente, mantener contacto con su entorno familiar y educativo, y elevar informes mensuales al juez.

Centros especializados

La ley también regula las condiciones de detención. Los Artículos 11 y 27 establecen que los adolescentes solo podrán ser alojados en centros especializados o en sectores separados, sin contacto con detenidos adultos.

El objetivo es garantizar estándares internacionales en materia de derechos humanos, obligando a las jurisdicciones a adaptar sus instalaciones para jóvenes de entre 14 y 16 años.

Presupuesto y capacitación

Para implementar el nuevo sistema, el Artículo 51 autoriza una partida inicial de $23.739 millones. De ese total:

• $20.607 millones serán destinados a la Defensoría General de la Nación.
  
• $3.131 millones al Ministerio de Justicia.
  

Los fondos estarán orientados principalmente a gastos en personal. Además, la ley habilita convenios entre Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para fortalecer la infraestructura y la gestión.

En paralelo, el Artículo 38 exige que jueces, fiscales y defensores cuenten con capacitación especializada en derecho penal juvenil, instruyendo al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público a adecuar sus concursos.

Apoyos y cuestionamientos

El proyecto generó posturas contrapuestas. Desde el oficialismo, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió la iniciativa al sostener que “la ley tiene que transmitirle a la sociedad que el que las hace las paga”, destacando su valor como respuesta a la demanda social de seguridad.

En cambio, la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina expresó su rechazo mediante una carta abierta, en la que calificó la baja de la edad como un “efecto placebo” que no garantiza mejoras reales en la seguridad y representa una renuncia del Estado a políticas más complejas.

Desde el interior del país, el juez penal juvenil Jorge Toro aportó una mirada intermedia. Señaló que la incidencia del delito grave en menores es baja en su provincia y advirtió que el enfoque penal es insuficiente si no se abordan las causas sociales y estructurales. “Un chico de 14 años entiende que está mal, pero no controla plenamente sus impulsos”, explicó.

Un sistema en transformación

Más allá de la polémica por la edad, el nuevo Régimen Penal Juvenil plantea una reconfiguración profunda del sistema: limita las penas, prioriza la reinserción, crea mecanismos de seguimiento, exige infraestructura específica y asigna recursos concretos.

Mientras el Senado se prepara para debatir el proyecto, la discusión sigue abierta entre quienes ven en la reforma una herramienta para combatir la impunidad y quienes advierten sobre sus límites sin políticas integrales de prevención, educación y contención social.

/Fuente Infobae