Las Sociedades Rurales del Sudeste, entre ellas de la Rauch, adheridas a Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, se reunieron este miércoles en Necochea en el marco del Día del Ruralista, con una agenda marcada por dos ejes centrales: la situación del Puerto Quequén y el fuerte rechazo a cambios en el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa impulsados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
El encuentro se desarrolló en la Sociedad Rural local y contó con la participación de dirigentes de distintos distritos de la región, quienes analizaron tanto cuestiones productivas como sanitarias.
Uno de los puntos destacados fue la presencia de autoridades del Consorcio de Gestión del Puerto Quequén. El presidente interino, el Dr. Mariano Carrillo, junto al director Juan Arnoldo Ouwerkerk, brindaron un panorama sobre la actualidad del puerto, que en 2025 alcanzó un récord de exportación de 9 millones de toneladas.
Según detallaron, el consorcio avanza en un proceso de ordenamiento administrativo y racionalización de recursos, con el objetivo de encarar obras clave. Entre ellas, se mencionaron trabajos vinculados a la erosión costera, mejoras en el acceso por avenida Almirante Brown y la renovación de las vías de amarre para buques.
Además, se planteó la necesidad de definir un presidente definitivo del consorcio, decisión que depende del gobierno provincial, aunque se destacó que el actual interinato fue avalado por el directorio. En paralelo, se avanza en estudios para inversiones de gran escala, como la futura concesión de la terminal portuaria y la modernización del elevador de ACA.
Durante el intercambio también surgieron propuestas para potenciar la actividad regional, como la posible instalación de una planta pesquera con playa de contenedores y, a futuro, el desembarco de una empresa maltera. Sin embargo, los productores remarcaron la preocupación por obras demoradas que impactan en la competitividad y generan sobrecostos.
En el plano sanitario, el encuentro estuvo atravesado por el rechazo a la resolución 201/2026 del SENASA, que habilitaría a partir de 2027 la posibilidad de que los productores contraten veterinarios privados para aplicar la vacuna contra la aftosa, sin la intervención de las fundaciones o entes sanitarios regionales.
Desde CARBAP y la mayoría de las rurales del sudeste advirtieron que esta medida, adoptada sin consulta previa, podría afectar seriamente el sistema vigente. Entre los principales cuestionamientos se mencionaron los riesgos en la cadena de frío, el control y registro de datos, la cobertura total de la vacunación y la equidad en los costos entre distritos.
Los dirigentes coincidieron en que el rol de las fundaciones ha sido clave para sostener el estatus sanitario del país y garantizar el acceso a mercados internacionales, por lo que alertaron que cualquier modificación sin un esquema claro de control podría poner en riesgo esos logros.
La reunión dejó así un mensaje contundente: mientras el sector acompaña el desarrollo productivo y portuario de la región, también reclama previsibilidad y participación en decisiones que impactan directamente en la sanidad animal y en la competitividad del sistema agropecuario.





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