Senasa elimina la obligación de contar con un director técnico en frigoríficos y profundiza la desregulación

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dispuso una nueva medida de desregulación al eliminar la obligación de que los frigoríficos y plantas de faena cuenten con un director técnico-sanitario como requisito para obtener la habilitación. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 592/2026 y forma parte del proceso de simplificación normativa impulsado por el Gobierno nacional.

Hasta ahora, la normativa vigente desde 1968 exigía que cada establecimiento tuviera un profesional responsable de supervisar el cumplimiento de las condiciones sanitarias e inocuidad de los productos, además de actuar como representante técnico ante el organismo de control. Con la nueva resolución, esa exigencia deja de ser obligatoria.

Desde el Senasa sostuvieron que la medida responde a la evolución de los sistemas oficiales de fiscalización y al fortalecimiento de los mecanismos de control del organismo, por lo que consideran que la figura del director técnico dejó de ser indispensable como requisito para habilitar los establecimientos. Asimismo, remarcaron que la responsabilidad sobre el cumplimiento de las normas sanitarias continúa recayendo sobre los operadores de la cadena agroalimentaria y que los controles oficiales se mantendrán.

La resolución deroga dos apartados del histórico Decreto 4.238/1968, aunque mantiene vigentes las disposiciones que establecen los requisitos y funciones que debe reunir un director técnico. Esto significa que los frigoríficos podrán seguir designando a ese profesional de manera voluntaria, pero ya no estarán obligados a hacerlo para funcionar.

La decisión fue celebrada por el Gobierno nacional como una medida destinada a reducir costos y eliminar cargas burocráticas para el sector productivo. Sin embargo, también despertó cuestionamientos entre especialistas y referentes de la industria frigorífica, quienes advirtieron que la eliminación de esta figura podría debilitar los controles internos de los establecimientos y generar preocupación en materia de inocuidad alimentaria y de confianza por parte de algunos mercados importadores.