Dos efectivos de la Policía quedaron detenidos con prisión preventiva en el marco de una investigación que lleva adelante la Justicia de Azul por una presunta organización dedicada a adulterar y comercializar autos y motos de procedencia ilícita.
Según informó el Diario El Tiempo, los imputados fueron identificados como Marcelo Maximiliano González y Cristian Martín Toledo, ambos de 32 años. Permanecen alojados en la Unidad 38 de Sierra Chica.
La causa es investigada por el fiscal Cristian Citterio, titular de la UFI N° 20 del Departamento Judicial Azul, mientras que la medida de prisión preventiva fue dispuesta por el juez de Garantías Juan José Suárez.
Los dos policías están imputados por los delitos de “divulgación de secreto oficial y asociación ilícita, en concurso real”.
El rol que les atribuye la investigación
De acuerdo con la investigación judicial, la organización habría operado entre mayo y finales de 2024 y estaría integrada por unas 19 personas.
La banda habría obtenido vehículos robados para luego adulterar sus numeraciones, conseguir documentación falsa y comercializarlos como si fueran legales.
En ese esquema, los dos policías son señalados como quienes habrían aportado información obtenida de los sistemas informáticos oficiales de la fuerza.
La información habría incluido las denominadas “planas” e informes de vehículos, datos considerados relevantes para modificar la identidad registral de los rodados y concretar posteriormente las operaciones de venta.
Fotografías de los sistemas policiales
Uno de los principales elementos considerados por la Justicia surgió del análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante la investigación.
Según la resolución judicial, en los dispositivos de los efectivos fueron encontradas fotografías de las pantallas de sistemas informáticos de uso exclusivo de la Policía de la Ciudad, donde podían observarse consultas sobre dominios de vehículos, antecedentes, datos personales y registros oficiales.
La investigación sostiene que esas imágenes eran enviadas posteriormente por WhatsApp a personas ajenas a la fuerza que solicitaban la información y que, en algunos casos, realizaban transferencias de dinero como contraprestación.
También se incorporaron a la causa registros oficiales que permitirían corroborar consultas efectuadas por ambos policías en los sistemas de la fuerza.
Una organización de 19 integrantes
La pesquisa sostiene que los dos efectivos no habrían actuado de manera aislada, sino que formarían parte de una estructura organizada.
Según la acusación, algunos integrantes se ocupaban de conseguir los vehículos robados, otros de adulterarlos, obtener documentación apócrifa y finalmente reacondicionarlos y comercializarlos.
También se habrían utilizado cuentas bancarias y billeteras virtuales de distintos integrantes para recibir los pagos derivados de las operaciones.
El juez consideró que la condición de policías de los dos imputados constituye un elemento relevante en la valoración de los hechos, debido a que, según la investigación, habrían utilizado información reservada a la que tenían acceso por sus funciones para favorecer las maniobras de la organización.
La causa continúa en etapa de investigación y ambos efectivos permanecerán detenidos mientras avanza el proceso judicial.
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