Inseguridad rural en Olavarría: le faenaron 34 animales en un mes, perdió más de $40 millones y decidió abandonar el campo

La inseguridad rural volvió a encender las alarmas en el partido bonaerense de Olavarría. Francisco Franco, un productor ganadero que alquila unas 200 hectáreas, decidió abandonar el establecimiento después de sufrir dos ataques en apenas un mes, que terminaron con la muerte de 34 animales y pérdidas económicas superiores a los 40 millones de pesos.

“Alquilo unas 200 hectáreas y tengo una gran impotencia porque no me dejan trabajar. Por eso voy a entregar ese campo y dejarlo sin animales”, expresó Franco en declaraciones al diario LA NACION, al explicar una decisión que refleja el desgaste y la preocupación que atraviesan los pequeños productores rurales.

El último episodio ocurrió el 16 de octubre, cuando delincuentes faenaron tres vaquillonas preñadas, próximas a parir, y un ternero. Los responsables se llevaron gran parte de la carne y dejaron importantes pérdidas para el productor.

Sin embargo, el hecho no fue aislado. El primer ataque se había registrado durante las noches del 15 y 16 de septiembre. En esa oportunidad, los delincuentes robaron diez terneros y dejaron uno muerto en el lugar. La noche siguiente regresaron, mataron otros 19 animales y se llevaron solamente seis, dejando el resto en el campo.

Según Franco, los ataques se repitieron con mayor violencia y le provocaron una pérdida significativa de su capital de trabajo. El productor tenía un rodeo de aproximadamente 80 cabezas y considera que ya no puede garantizar la seguridad de los animales que le quedan. “Hasta que la policía no actúe y no agarre a alguien, esto no va a parar”, advirtió.

Una problemática que preocupa a los productores

El caso de Franco se suma a una serie de hechos de abigeato y daños en establecimientos rurales que productores de Olavarría vienen denunciando desde hace más de dos años.

Alberto Mancusi, otro productor de la zona, sostuvo que la situación comenzó a agravarse a principios de 2024. Según relató, durante 2025 un grupo de pequeños ganaderos llevó más de 35 denuncias ante responsables de seguridad, aunque aseguran que no hubo avances suficientes para esclarecer los episodios.

Mancusi estimó que, si se incluyen los casos que no fueron denunciados formalmente, los hechos de abigeato y otros delitos rurales podrían superar los 50.

A los robos de ganado se suman los daños en los alambrados. En los últimos días, varios productores encontraron cercos cortados en pequeños segmentos, una modalidad que obliga a reemplazar tramos completos y genera gastos adicionales.

De acuerdo con los testimonios recogidos por LA NACION, unos diez productores sufrieron daños en aproximadamente 2.000 metros de alambrado durante la última semana. En uno de los casos, el costo de reparación fue estimado en 15 millones de pesos.

La situación genera especial preocupación entre quienes trabajan con rodeos reducidos, ya que la pérdida de varios animales puede comprometer seriamente la continuidad de la actividad. A eso se agregan los gastos para reparar instalaciones y recuperar las condiciones de los establecimientos.

Reclamos por falta de respuestas

Los productores cuestionan la falta de resultados concretos en las investigaciones y aseguran que, pese a aportar información sobre huellas, vehículos y posibles recorridos de los delincuentes, los hechos continúan.

Algunos comenzaron a instalar cámaras de seguridad y otros realizan recorridas nocturnas para proteger sus establecimientos, aunque reconocen que estas medidas no eliminan el riesgo.

En ese contexto, la decisión de Franco de abandonar el campo aparece como una de las consecuencias más graves de la problemática: además de las pérdidas económicas, la inseguridad amenaza con expulsar a pequeños productores de la actividad.

La respuesta del municipio

Consultada por LA NACION, la Municipalidad de Olavarría, encabezada por Maximiliano Wesner, sostuvo que, de acuerdo con los registros disponibles, no se observa un incremento de este tipo de delitos.

Desde el Ejecutivo señalaron que existe una mesa de trabajo permanente con representantes del sector rural, el Poder Judicial, la fiscalía especializada en delitos rurales y las autoridades de la Patrulla Rural.

También afirmaron que el municipio colabora con las fuerzas policiales mediante recursos, equipamiento y acciones preventivas en las zonas rurales.

La administración local manifestó que comprende la preocupación de los productores, aunque pidió transmitir información precisa y evitar conclusiones basadas en cifras que, según indicó, no coinciden con sus registros.

Mientras tanto, Francisco Franco ya tomó la decisión de retirar los animales que le quedan y entregar el campo que alquila. Su caso vuelve a poner en primer plano el impacto de la inseguridad rural y el reclamo de productores que buscan garantías para poder continuar trabajando.