La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata suspendió la medida cautelar que había dispuesto frenar los aumentos en las tarifas eléctricas de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, las distribuidoras y cooperativas eléctricas –entre ellas EDEA la empresa que opera en Rauch- podrán volver a aplicar los valores actualizados, mientras continúa el proceso judicial.
La decisión judicial representa un revés para la presentación realizada por la Defensoría del Pueblo bonaerense, encabezada por Guido Lorenzino, que había solicitado suspender los incrementos por considerar que el nuevo cuadro tarifario se aprobó sin una instancia previa de audiencia pública o participación de los usuarios.
Qué resolvió la Justicia
El conflicto se originó a partir de la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, que estableció una actualización de distintos componentes de las tarifas eléctricas.
En septiembre, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Bahía Blanca había hecho lugar al planteo de la Defensoría y ordenado suspender la aplicación del nuevo cuadro tarifario, con el objetivo de restablecer los valores anteriores.
Sin embargo, el Gobierno provincial y las principales distribuidoras eléctricas apelaron esa decisión. Entre sus argumentos, sostuvieron que la aplicación de la cautelar podía comprometer la continuidad y sustentabilidad del servicio, además de generar dificultades técnicas para separar los componentes provinciales y nacionales de las facturas.
Finalmente, la Cámara de Apelación aceptó el recurso de queja de la Fiscalía de Estado y otorgó efecto suspensivo a la apelación, dejando sin efecto la aplicación de la medida cautelar mientras se analiza el caso.
El aumento podrá reflejarse en las próximas facturas
Con esta resolución, las empresas EDEN, EDEA, EDES y EDELAP, junto con las cooperativas eléctricas del interior bonaerense, podrán aplicar las actualizaciones tarifarias correspondientes.
La medida habilita la aplicación de los valores previstos, aunque todavía no existe una sentencia definitiva sobre el planteo de fondo. Por lo tanto, la discusión judicial continuará.
El fallo vuelve a poner en el centro del debate el costo de los servicios públicos y el mecanismo utilizado para actualizar las tarifas eléctricas en la provincia de Buenos Aires, en un contexto de preocupación por el impacto de las facturas en los hogares y comercios.




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