Mientras Europa reconoce el Parkinson por agrotóxicos, en Argentina el INTA censura y despide a la ciencia

Hay una patología nacional que es peor que cualquier virus: el ridículo complejo de creerse parte del primer mundo mientras se aplaude el atraso colonial.

La Argentina cholula mira a Europa con admiración de vidriera y se llena la boca hablando de estándares internacionales. Pero cuando la realidad golpea las puertas de nuestra propia casa — cuando la ciencia demuestra con datos lapidarios lo que los venenos agrícolas le hacen a los cuerpos de nuestros trabajadores— a los dueños del agronegocio y a sus sirvientes políticos les importa un bledo la salud de la gente.

El contraste con los países avanzados es una bofetada a nuestra hipocresía. En Alemania, por ejemplo, el síndrome de Parkinson provocado por el uso profesional de plaguicidas está oficialmente reconocido como enfermedad profesional bajo la norma BK-Nr. 1322. Respaldado por rigurosos comités científicos y la Sociedad Alemana de Neurología, el Estado germano protege a los agricultores y trabajadores expuestos, cubriendo tratamientos médicos, indemnizaciones y jubilaciones anticipadas por daño neurológico crónico.

«En Europa, la neurotoxicidad de los pesticidas se indemniza como enfermedad laboral. En la Argentina sojera, se persigue y expulsa a los científicos que se atreven a medirla.»

LA CENSURA INSTITUCIONAL Y LA VERGÜENZA DEL INTA

Mientras allá la ciencia guía las políticas de salud pública, en la Argentina corporativa el Estado castiga a quien aporta luz.

El caso que acaba de protagonizar el INTA es de una bajeza moral insostenible: la reciente exoneración y despido de la investigadora Virginia Aparicio, una científica de prestigio internacional que cumplió con su deber ético de medir el impacto devastador de los agrotóxicos en las comunidades rurales.

En lugar de respaldar la evidencia empírica que detectó plaguicidas en porcentajes alarmantes de la población, el INTA prefirió transformarse en la guardia pretoriana de las corporaciones.

Con esta persecución, envían un mensaje mafioso al resto de la comunidad científica. Esa falsa aspiración de “país moderno” se cae a pedazos: prefieren cuidar las ganancias de unos pocos a costa de envenenar el agua, los suelos y la vida de los argentinos.

/Nota de colaboración